La industria farmacéutica es uno de los sectores más regulados y sometidos a un escrutinio constante por parte de las autoridades y la sociedad. La transparencia, la ética y el cumplimiento normativo son valores esenciales para garantizar la confianza y la reputación de las empresas que se dedican a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos.
En este contexto, hace unos días entró en vigor de la ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, también conocida como «Ley del Informante», supone un nuevo reto y una oportunidad para la industria farmacéutica.
Esta ley tiene como objetivo fomentar el reporte interno de conductas ilícitas o contrarias al ordenamiento jurídico, graves o muy graves, tanto en el sector público como en el privado, mediante la creación de canales específicos de comunicación y la garantía de protección y anonimato de las personas que informen, evitando cualquier tipo de represalia o discriminación.
La ley establece aspectos como que las empresas deberán implantar un sistema interno de información (SIC) que permita recibir, gestionar y resolver las denuncias que se presenten por parte de sus empleados, accionistas, directivos o terceros relacionados. Este sistema deberá cumplir una serie de requisitos formales y técnicos, como garantizar el anonimato del informante, asegurar la confidencialidad de los datos, designar un responsable del SIC o establecer un procedimiento para investigar y resolver las denuncias.
También establece las sanciones a las empresas que no cumplan con esta que pueden llegar hasta un millón de euros, así como el plazo de tres meses para aquellas empresas, administraciones, organismos y demás entidades obligadas a poner en marcha su canal de denuncias interno.
Además, la ley prevé incentivos para las empresas que cuenten con un SIC adecuado, como la atenuación o exención de responsabilidad penal o administrativa en caso de infracciones cometidas por sus empleados o directivos.
La ley del informante supone, por tanto, una oportunidad para reforzar la cultura ética y de cumplimiento en la industria farmacéutica, así como para mejorar su imagen, reputación y confianza ante los stakeholders.
Para ello, es necesario que las empresas adapten sus políticas y sistemas internos a los requisitos exigidos por la norma, así como que fomenten una comunicación fluida y transparente con sus grupos de interés.
Algo que en Outcomes’10 llevamos haciendo durante años gracias a las normas ISO 9001 de Calidad e ISO 27001 de Seguridad de la Información, CiberSeguridad y protección de la privacidad, que, junto a la Ley de Protección de Datos, conforman el Sistema de Gestión Integrado que tenemos implantado, garantizando así la transparencia de nuestra organización y la comunicación con nuestros stakeholders.
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